El Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda) acusó a la Secretaría de Ecología y Medio Ambiente (SEMA) de Quintana Roo de desacatar una resolución de un tribunal colegiado, que deja insubsistente el Procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental (PEIA) del proyecto denominado San Mex y ordena realizar la consulta pública omitida.
El pasado 23 de junio, el Juzgado Quinto de Distrito en Quintana Roo declaró el evidente desacato en que incurrió la SEMA ante la ejecutoria del Amparo en Revisión 597/2025.
Cabe recordar que en la sentencia dictada el 6 de mayo de 2026 por el Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Primera Región, se ordenó a la SEMA dejar insubsistente el PEIA del proyecto San Mex y realizar la consulta pública que la dependencia negó a la comunidad de Playa del Carmen.
Incumplimiento
La SEMA no solo no cumplió, sino que presentó ante el Juzgado una Manifestación de Imposibilidad Material y Jurídica que el propio juzgado rechazó por carecer de sustento, dijo el Cemda.
Aseguró que la dependencia utilizó la existencia del mismo acto declarado inconstitucional por el Tribunal federal para justificar su negativa a cumplir.
El Juzgado desestimó el argumento de forma categórica: la supuesta imposibilidad no impide acatar el fallo protector, pues el Tribunal ya había analizado y rechazado la constitucionalidad de esa autorización. Cualquier demora sustentada en evasivas o procedimientos ilegales constituye incumplimiento en los términos expresos de la Ley de Amparo.
Antecedentes
Un tribunal colegiado de circuito concedió un amparo a la comunidad de Playa del Carmen en contra de la omisión de la SEMA de Quintana Roo en la apertura de la consulta pública del proyecto San Mex, al determinar que la omisión afectó la validez del Procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental (PEIA).
La sentencia obliga a la autoridad a dejar insubsistente el resolutivo del PEIA de San Mex y a realizar el procedimiento correspondiente de consulta pública, lo que marca un punto de inflexión para que la autoridad ambiental estatal abandone prácticas restrictivas y asegure procedimientos abiertos, transparentes y participativos.
El Cemda informó que la sentencia del Primer Tribunal Colegiado de Circuito es una “importante victoria” para la defensa del medio ambiente en Quintana Roo y se obtiene que la autoridad judicial reconozca que la consulta pública sobre proyectos que pretendan realizarse en el estado no es una formalidad subsanable de manera tardía, sino una herramienta fundamental para que la ciudadanía se informe y participe activamente.
Gustavo Alanís Ortega, fundador y director ejecutivo del Cemda, destacó que la relevancia de la sentencia radica en que se “reconoció que la consulta pública no puede entenderse como una formalidad posterior, accesoria o subsanable de manera tardía. La consulta debe tramitarse antes de que la autoridad ambiental emita una resolución, pues sólo así la ciudadanía puede conocer la información del proyecto, formular observaciones y participar oportunamente en una decisión que puede tener efectos sobre el ambiente, el territorio y los recursos naturales”.
Proyecto San Mex
En junio, un tribunal federal concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la comunidad de Playa del Carmen frente a la omisión de garantizar la participación pública dentro del Procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental (PEIA) del proyecto denominado San Mex.
El proyecto San Mex consiste en la construcción y operación de un centro especializado para la recepción, mantenimiento y operación de vehículos dedicados a la recolección y transporte de aguas residuales provenientes de distintos giros comerciales, así como de una planta de tratamiento de aguas residuales.
El complejo contempla oficinas administrativas, áreas para empleados, talleres mecánicos, zonas de limpieza y resguardo de unidades, manejo de lodos y grasas, además de infraestructura para el tratamiento y almacenamiento de agua tratada.
Se pretende desarrollar en un predio de aproximadamente 8 mil 725 m² ubicado en Playa del Carmen, Quintana Roo, con una inversión estimada de 12 millones de pesos.
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