La construcción de los hoteles administrados por la Secretaría de la Defensa, a través de la empresa militar Grupo Mundo Maya, implicó una serie de riesgos para el patrimonio histórico-cultural en la región de la Península de Yucatán, concluye un informe de asociaciones civiles.
Además de la confiscación de territorio, los hoteles “conllevan riesgos muy altos pues, además de los ambientales y la destrucción de hábitats de animales y plantas, se ubican muy próximos a los sitios arqueológicos de atracción turística que son un patrimonio histórico-cultural no explorado en su totalidad”, señala el reporte Militarización, ecocidio y despojo en los tramos 5, 6 y 7 del Tren Maya.
El informe, difundido en la misma semana en que Grupo Mundo Maya anunció el cierre de su hotel en Edzná, en una zona arqueológica de Campeche, por carecer de permisos municipales incluido el de Protección Civil, documenta como un acto de “memoria y resistencia” la militarización y ocupación corporativa de la Península de Yucatán a través del llamado Tren Maya.
Hoteles dañinos
Ejemplo de los riesgos de daños a los patrimonios culturales son el hotel militar en Uxmal, que impactó 40 hectáreas en las cercanías de la zona arqueológica del mismo nombre, en Yucatán.
Por otro lado, el hotel militar de Calakmul se construyó dentro de la Reserva de la Biosfera, considerada por la UNESCO como Patrimonio Mixto por su importancia histórico-cultural, además de la ambiental, “sin importar que el programa de manejo establece claramente la restricción de construcciones en su interior”.
Calakmul se localiza en el estado de Campeche, donde también otro hotel militar estuvo envuelto en la polémica el 25 de noviembre pasado.
Según la versión de la empresa militar Grupo Mundo Maya, las autoridades del municipio de Campeche llevaron a cabo una revisión en su hotel en Edzná, tras lo cual decidió cerrar el establecimiento de manera temporal.
Versiones periodísticas de Campeche dijeron que el hotel, construido a una distancia de 18 minutos a pie de la zona arqueológica de Edzná, carecía de varios permisos municipales entre ellos el de protección civil y el de pago por manejo de basura.
Corporativización militar
El documento elaborado por 14 organizaciones sociales, ambientales y de derechos humanos, agrupadas en una Misión Civil de Observación, apunta que la “intervención de las fuerzas armadas en la realización del Proyecto Tren Maya ha permitido reforzar su espíritu de cuerpo, es decir, su funcionamiento claramente corporativo”.
Grupo Mundo Maya se dedica a un conjunto de actividades que deberían ser económicamente rentables “y que no tienen relación con las funciones y tareas constitucionales asignadas a las fuerzas armadas del país”.
Estas actividades están relacionadas con la operación de aeropuertos, una aerolínea, la administración de hoteles, parques y otras vinculadas al turismo.
“Las fuerzas armadas se asumen como empresas que operan en el ámbito civil, de manera que su carácter pasa a ser dicotómico y completamente contradictorio”, pues la Constitución y leyes secundarias establecen que sus funciones son la defensa de la soberanía nacional, apoyar a las autoridades civiles cuando esté en riesgo la seguridad interna, auxilio en caso de desastres y, en situaciones excepcionales, participación en tareas de seguridad pública.
“En ningún caso se les otorgan funciones de desarrollo turístico u otras del ámbito civil empresarial”, critica el reporte.
Como institución del Estado, señala el documento, las fuerzas armadas “deben estar por encima de las relaciones transaccionales o negocios particulares que establecen vínculos contractuales y pueden generar ganancias”.
Con todo, el informe acusa un proceso de “corporativización e integración militar” del sector turístico en la Península de Yucatán.
Las personas visitantes pueden contratar a la agencia de viajes de la Defensa, volar por su aerolínea, aterrizar en su aeropuerto, transportarse en sus vehículos, cargar combustible en sus estaciones de servicio, hospedarse en sus hoteles y comprar en su sistema de boletaje.
“Pueden visitar museos militares, ver a personas trabajadoras que usan ropa confeccionada en sus maquilas o recorrer sitios arqueológicos bajo su vigilancia y con guías turísticos locales que trabajan para ellos por un salario mínimo y propinas”, señala el reporte.
Incluso las visitas pueden consumir alimentos y bebidas, incluida cerveza sin alcohol, producidos por ellos, abunda el documento.
Impunidad
Agrega que la impunidad con que actúan las fuerzas armadas en la región puede determinarse por la “libertad que se atribuyen para disponer del territorio, mucho más allá de lo que requiere la obra del tren”.
En la laguna de Bacalar o en un camino ancestral (Sakbej), un cenote o un paisaje hermoso, los militares disponen del lugar, remueven la vegetación y construyen, apunta el documento.
“Un ejemplo de esto es ‘la casa de descanso’ de los altos mandos que intentan levantar en el centro histórico de Bacalar sin permisos ambientales y en contra de la voluntad de la población local”, destaca el documento.
Otro ejemplo es el proyecto Puerta al Mar, el cual contempla, entre otras cosas, la construcción de un muelle, una playa artificial, estacionamientos, patios de maniobra, una subestación eléctrica, planta de tratamiento de aguas residuales, locales comerciales, una granja de paneles solares y un mirador.
“Todo dentro de la valiosa Reserva de la Biósfera de Sian Ka’an”, señala.
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