A seis meses del atentado contra el defensor ambienta Erik Saracho, no hay avances públicos sobre los responsables, denunció el Centro Mexicano de Derecho Ambiental.
El 11 de marzo, Saracho fue objeto de un intento de homicidio tras enfrentar intereses económicos relacionados con el sector inmobiliario en la costa sur de Nayarit y norte de Jalisco, en donde se ha detonado un intenso crecimiento turístico inmobiliario.
Saracho, junto con diversas personas defensoras, trabajan por la conservación del jaguar, sus hábitat y el equilibrio ecológico y socioambiental en la región de Bahía de Banderas.
Activismo
Pero su caso es uno más de la larga lista de agresiones contra las personas defensoras del ambiente en México que afortunadamente no se concretó en su muerte ni inhabilitación, destacó el Cemda.
Saracho Aguilar dirige desde 2008 la Alianza Jaguar, A.C., pero su trabajo ha estado enfocado no sólo en la conservación del jaguar y su hábitat, sino en lograr que, a través de la protección de esta “especie sombrilla”, se logre el equilibrio con las comunidades humanas en la costa del norte de Jalisco y del sur de Nayarit -actualmente zona conurbada de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas.
Boom inmobiliario turístico
En esta zona, dijo el Cemda, los desafíos a la sustentabilidad y la justicia socio ambiental son mayúsculos “debido al intenso crecimiento turístico inmobiliario que en los últimos años ha aumentado exponencialmente y no siempre en el marco de la legalidad”.
La situación anterior ha motivado que la RedMAS Nayarit (Red por el Medio Ambiente y la Sustentabilidad en Nayarit) y su símil en Jalisco, de la que Erik Saracho forma parte, trabajen activamente en diversas iniciativas y proyectos de protección y construcción de capacidades ciudadanas para esta región, hoy designada como polo de desarrollo.
Saracho, en conjunto con diversos activistas de la región, ha sido vigilante y crítico de los procesos inmobiliarios depredadores desde hace más de 20 años, lo que ha afectado intereses económicos poderosos.
Esto le ha valido ser objeto de campañas de desprestigio, estigmatización, calumnias y demandas legales que buscan intimidarlo.
Desde 2018 enfrenta una Demanda Legal Estratégica contra la Participación Pública (SLAPP, por sus siglas en inglés), que lo ha mantenido, junto con otros cuatro compañeros y compañeras defensores ambientales, con cuentas bancarias congeladas y ley mordaza además de la amenaza constante del procedimiento civil que busca desgastar y sentenciar una compensación estimada en millones de pesos por supuesto daño moral y económico.
Pocos avances
El viernes 11 de septiembre se cumplieron seis meses del atentado en contra del defensor ambiental, Erik E. Saracho Aguilar, ocurrido el pasado 11 de marzo en San Pancho, Nayarit.
A la fecha, la carpeta de investigación del delito de Asesinato Calificado en Grado de Tentativa (RH/01157/2026) sigue en la fiscalía de Nayarit, con poco avance y sin que se haya encontrado a los responsables, denunció el Cemda.
Más de 50 organizaciones exigieron a la Secretaría de Gobernación para que brinde apoyo a fin de que la Fiscalía General de la República atraiga el caso y haga lo propio para instrumentar medidas suficientes e incidir en los gobiernos subnacionales para proteger a las y los otros defensores hoy en territorio.
Peticiones
- Garantizar el derecho de acceso a la justicia a través de un debido proceso de investigación y lograr definir y sancionar a los responsables materiales e intelectuales del intento de homicidio calificado.
- Implementar medidas de protección adecuadas para el defensor que le permitan continuar ejerciendo su labor, dado que, por razón del atentado, él y su familia se vieron obligados a abandonar su comunidad.
- Reforzar las acciones de inspección, vigilancia y, en su caso, sanción de las obras y proyectos turísticos e inmobiliarios en la zona costera de lo que hoy se conoce como la Riviera Nayarit, municipios de Bahía de Banderas y Compostela, con énfasis en la comunidad de San Francisco, a fin de que se apeguen al marco legal vigente y se corrijan tendencias irregulares.
- Implementar y armonizar el Artículo 9 del Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe (Acuerdo de Escazú) para la protección de las personas defensoras ambientales en la legislación y la política ambiental en México, con énfasis en esos ambientes costeros de enorme presión e intereses inmobiliarios.
