El Gobierno de Quintana Roo reclamó a Aguakan un crédito fiscal por 3 mil 757.8 millones de pesos, una exigencia que fue rechazada por Grupo Mexicano de Desarrollo (GMD), principal accionista de la empresa que otorga servicios de agua potable y alcantarillado en Cancún, y otros municipios.
GMD calificó de “ilegal e irregular” el crédito fiscal por 3 mil 757.8 millones de pesos que pretende cobrar el Gobierno de Quintana Roo, de acuerdo con una comunicación al público inversionista.
Advirtió que Aguakan -operado por Desarrollos Hidráulicos de Cancún (DHC)- acudirá a los medios de defensa correspondientes porque las autoridades de aquella entidad “pretenden cobrarle, como si se tratara de contribuciones a su cargo” esa cantidad, pero “en realidad no tiene tal naturaleza fiscal”.
GMD detalló que el jueves 2 de octubre la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Quintana Roo (CAPA), junto con su Dirección de Recuperación de Adeudos y Ejecución Fiscal (DRAEF), notificaron a Desarrollos Hidráulicos de Cancún, un supuesto crédito fiscal de 3 mil 757 millones 846 mil 327.30 pesos.
Esa cifra se deriva, dijo GMD, de la revisión de ambos organismos gubernamentales al ejercicio social 2019.
CAPA, irregularidades
Según CAPA y DRAEF, dijo GMD, las operaciones realizadas en dicho ejercicio “se apartan de lo que fue proyectado en el modelo financiero del Título de Concesión otorgado en favor de DHC elaborado en el año 2014”.
La compañía respondió que “la actuación de CAPA y DRAEF en la determinación del supuesto crédito fiscal es ilegal e irregular, contraria a la legislación fiscal aplicable del Estado de Quintana Roo y viola sentencias firmes emitidas por los Tribunales”.
Señaló que el requerimiento de pago del supuesto crédito fiscal es “inconstitucional y violatorio de las disposiciones fiscales del Estado de Quintana Roo”.
Inconstitucionalidad confirmada
La empresa aseguró al público inversionista que esa inconstitucionalidad fue confirmada por el Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Quintana Roo en el juicio 214/2019-SU4-II.
En ese juicio, añadió, el Tribunal resolvió que conforme al Código Fiscal del Estado de Quintana Roo, al señalar que las “presuntas diferencias entre los ingresos del modelo financiero y los observados en el procedimiento de fiscalización, no son cantidades que se deban enterar al Estado, ni se encuentran previstas en una ley formal y material, sino en el modelo financiero del título de concesión”.
GMD agregó que ni CAPA y DRAEF están facultadas para determinar ”cantidades omitidas por un supuesto incumplimiento al Título de Concesión y sus anexos”, ilegalidad que también ya fue juzgada por el Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Quintana Roo, al resolver en definitiva los juicios contencioso administrativos identificados con el número de expediente: 214/2019-SU4-II y TJA/QR SU3-081-2018, correspondiente a los años 2015 y 2016, respectivamente.
👉 Sigue el canal de VAT Noticias en WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029VaF1Vg6FCCoPvAJmiV2J
