Cámaras de comercio, industria, vivienda, restaurantera y asociaciones de hoteles de la Ciudad de México llamaron a los Gobiernos federal y de la capital mexicana a implementar facilidades fiscales y a poner orden en el conflicto magisterial.
Agrupados en nueve organizaciones (G9), el grupo empresarial la Ciudad de México llamó al Gobierno de Clara Brugada a “enviar un mensaje de orden, gobernabilidad y certeza” para quienes generan empleo, invierten y sostienen una parte fundamental de la economía capitalina.
“Las empresas no pueden seguir absorbiendo en solitario el costo económico de conflictos cuya solución corresponde al ámbito gubernamental”, afirmó el grupo al denunciar que las pérdidas por las manifestaciones y bloqueos magisteriales han costado millones de pesos al sector privado.
Aunque el G9 admitió que el conflicto debe resolverlo el Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, llamó a las autoridades locales a implementar “medidas extraordinarias de apoyo” para las empresas ubicadas en las zonas afectadas.
- Condonación o acreditamiento del Impuesto Sobre Nóminas correspondiente a los días en que los establecimientos se vieron impedidos de operar con normalidad debido a bloqueos y plantones.
- Diferimiento sin recargos ni actualizaciones de contribuciones locales para las unidades económicas ubicadas en las zonas afectadas.
- Instalación de un mecanismo de cuantificación de daños económicos, con participación de las cámaras empresariales, que permita dimensionar el impacto real sobre el empleo y la actividad productiva.
- Implementación de protocolos que garanticen corredores mínimos de movilidad y abastecimiento, evitando el cierre total y prolongado de las principales zonas económicas de la Ciudad.
Las organizaciones empresariales manifestaron su preocupación por las afectaciones económicas ocasionadas por bloqueos y plantones, que han paralizado el Centro Histórico y diversos corredores estratégicos de la capital mexicana.
Reconocieron el derecho de los docentes a la libre manifestación, pero “ningún derecho puede ejercerse de forma que cancele de manera prolongada el derecho al trabajo, al libre tránsito, a la actividad económica y al sustento de miles de familias”, dijo el G9 capitalino.
Las afectaciones económicas ascienden a “cientos de millones de pesos y han impactado directamente a miles de establecimientos comerciales, restaurantes, hoteles, oficinas y negocios que nada tienen que ver con el conflicto que origina las movilizaciones”.
El comunicado del G9 está firmado por las asociaciones de Desarrolladores Inmobiliarios (ADI), de Tiendas de Autoservicio (ANTAD), y de Hoteles de la CDMX; las cámaras de comercio de la capital (Canaco), comercios en pequeño (Canacope), de Vivienda Valle de México (Canadevi), Restaurantera (Canirac), y de Industria de Transformación, (Canacintra), así como por la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex-CDMX) y el Colegio de Arquitectos de la Ciudad de México.
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