El Consejo Coordinador Empresarial del Caribe (CCE del Caribe) consideró urgente trabajar en la elaboración y publicación del Reglamento de la Ley Federal de Protección del Patrimonio Cultural de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas, pues la omisión “genera un estado de indefensión en las empresas del sector turístico.
Además, alertó que la ausencia de ese reglamento pone en riesgo a la economía del Sureste mexicano e impacta directamente a destinos como Cancún, Playa del Carmen y Tulum, donde la cultura maya es parte de la identidad regional y es un componente esencial de la oferta turística y del sustento económico de miles de familias.
“Es indispensable que dicho Reglamento establezca con total claridad las reglas del juego para todos, brindando certeza jurídica tanto a las comunidades como a los actores económicos”, apuntó en un comunicado difundido este miércoles 15 de abril.
“No estamos en contra de la protección de la cultura maya; por el contrario, hemos sido aliados en su promoción, difusión y en la generación de beneficios económicos para las comunidades
El CCE del Caribe manifestó su interés en participar “activamente” en la construcción de estas reglas, convencidos de que sin lineamientos claros esta ley puede ser utilizada para fines muy distintos a la preservación del patrimonio cultural de las comunidades.
Hizo un llamado urgente a las autoridades para revisar este criterio y abrir un diálogo incluyente que permita construir soluciones.
“La falta de definiciones no solo pone en riesgo a una empresa o a un sector, sino a toda la economía del sureste mexicano”, alertó el organismo que agrupa a empresas de Quintana Roo, la entidad que genera más de la mitad de las divisas turísticas y capta, también, más de la mitad de los turistas internacionales que llegan a México cada año.
En riesgo, la viabilidad del turismo
El posicionamiento del CCE de Caribe se debe al fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en contra de Xcaret, que obliga a la empresa turística a eliminar toda alusión a elementos mayas en su publicidad.
CCE del Caribe expresó su “profunda preocupación” por el fallo y lo considera “un precedente que pone en riesgo la operación de miles de empresas en la región”.
Explicó que el criterio de la SCJN abre la posibilidad de sancionar o incluso clausurar establecimientos por el simple uso de elementos culturales mayas, sin que existan reglas claras, lineamientos definidos ni certeza sobre quién tiene la facultad legitima para autorizar su uso.
“Este escenario impacta directamente a destinos como Cancún, Playa del Carmen y Tulum, donde la cultura maya no solo es parte de la identidad regional, sino un componente esencial de la oferta turística y del sustento económico de miles de familias”.
El riesgo es nacional
Agregó que el caso de Xcaret no se limita únicamente a la cultura maya.
“Hoy impacta directamente a una de las raíces más importantes de nuestra identidad regional; sin embargo, de mantenerse este criterio, mañana podrá extenderse a cualquier otra expresión cultural que forma parte de lo que nos define como país”, alertó CCE del Caribe.
Criticó la falta de claridad en su aplicación porque pone en riesgo no solo a un sector o a una región, sino a la forma en que México entiende, protege y proyecta su propia identidad cultural.
“Casos como el de Grupo Xcaret evidencian la gravedad del problema. A pesar de haber celebrado acuerdos con instancias reconocidas en el marco legal, hoy se enfrentan a resoluciones que desconocen dichos esfuerzos y generan un estado de indefensión jurídica”, apuntó el organismo empresarial.
Advirtió que hay un riesgo claro: bajo este precedente, cualquier empresa desde grandes desarrollos turísticos hasta pequeños comercios podría ser objeto de denuncias, sanciones o clausuras, abriendo la puerta a la discrecionalidad, la incertidumbre e incluso posibles actos de abuso.
Por ello, dijo, el sector empresarial reconoce y respalda la Ley Federal de Protección del Patrimonio Cultural de los Pueblos y Comunidades indígenas y Afromexicanas como un avance necesario y positivo.
Reconoció que durante años existieron abusos en el uso de la identidad y del patrimonio de estas comunidades, “por lo que contar con un marco legal que los proteja es un paso correcto que apoyamos”.
Se requiere certeza jurídica
Sin embargo, dijo, proteger no puede significar generar ambigüedad ni incertidumbre jurídica.
“La correcta aplicación de esta ley debe sustentarse en reglas claras, criterios uniformes y mecanismos bien definidos que otorguen certeza, tanto a las comunidades como a quienes participan en la actividad económica”, alegó el CCE del Caribe.
Hoy es indispensable establecer lineamientos claros, procesos transparentes y definiciones precisas sobre las figuras de representación legítima, que permitan proteger el patrimonio cultural sin poner en riesgo la inversión, el empleo y la estabilidad económica de toda una región, dijo el sector empresarial del Caribe Mexicano.
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